Fiscal Chiriboga protege a Superintendente Ochoa

ENTRE INQUISIDORES SE PROTEGEN

Desde hace 3 años 8 meses la Fiscalía del Estado incumple con el pedido de diligencia previa que por el delito de calumnia, solicitó el periodista Fernando Villavicencio Valencia, en contra del ex presentador de noticias de Gamatv, actual Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa Hernández.

La razón para la diligencia se basó en que, el 28 de junio de 2011, en una entrevista al electo Fiscal General, Galo Chiriboga, el entonces periodista del canal incautado Gamatv, Carlos Ochoa, cometió un delito contra la honra. Lo hizo en vivo y en directo, y ante autoridad competente, al acusar a Fernando Villavicencio, de haberse “llevado” una indemnización de 700 mil dólares de Petroecuador. El prudente entrevistador dijo: “… pero cuando lo liquidó Petroecuador con un cheque si no recuerdo mal de setecientos mil dólares (U$ 700.000), no lo volvieron a ver en esa institución, hasta ahora debe estar disfrutando del dinero que se le llevó al Estado”. En respuesta, el Fiscal electo se sumó al criterio del “calumniador” Ochoa y completó un cuadro que podría llamarse: deshonra y linchamiento.

Fernando Villavicencio fue uno de los impugnantes del candidato oficial a ocupar el cargo de Fiscal del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, por falta de probidad ética y por tener conflicto de intereses. Chiriboga a más de ser pariente de Rafael Correa, fue su abogado en un juicio personal contra el Banco del Pichincha; también su ministro de Minas y Petróleos y embajador en España. Entre los conflictos de intereses mediaban varios procesos judiciales en los que, Galo Chiriboga aparecía involucrado: el caso Palo Azul donde él autorizó la contratación de la consultora Gaffney & Cline que realizó un peritaje parcializado a favor de Petrobras en perjuicio del Estado; además se lo acusaba de ser abogado de la compañía extranjera Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que le debe al Estado 6 años de impuesto a la renta y ha recibido duras críticas de Correa.

Petición fiscal

Al día siguiente de la entrevista, Villavicencio llamó a Ocha y solicitó el derecho a la réplica, jamás le fue concedido. Una semana después, a través del abogado Ramiro Román Márquez, solicitó a la Fiscalía General del Estado, varias diligencias como parte de la acción judicial, previa al enjuiciamiento penal de Carlos Ochoa, entre los principales pedidos constan:

1.        Solicite al gerente del canal de televisión Gamatv, que en el término de tres días y bajo prevenciones legales, remita la grabación original de la entrevista realizada al doctor Galo Chiriboga Zambrano. Así como la transcripción del contenido de la misma a cargo de un perito de la Ficalía.

2.           Solicite a Petroecuador copia certificada del expediente del despido intempestivo de Fernando Villavicencio Valencia, precisando el monto y la fecha de emisión del cheque, así como la fecha en que el mencionado cheque fue cobrado por el beneficiario. Además de que se solicite a EP Petroecuador una certificación si la empresa ha presentado causa penal en contra de Fernando Villavicencio, por un presunto hurto de setecientos mil dólares (U$ 700.000), en perjuicio de dicha empresa pública.  

3.             Solicite a la Corte Constitucional, una copia certificada del expediente del recurso de amparo interpuesto el año 1999 por Fernando Villavicencio Valencia, en contra de Petroecuador.

El 25 de julio de 2011, el Fiscal de Pichincha, Jorge Nogales Mena, solicitó al director del informativo de Gamatv, remita en un plazo de 3 días, una copia íntegra de la entrevista realizada por Carlos Ochoa al fiscal electo Galo Chiriboga Zambrano. Hasta la presente fecha no se ha cumplido con la disposición fiscal, de igual forma las otras diligencias requeridas tampoco han sido ejecutadas. Mientras en este caso la justicia ha actuado con evidente negligencia, en un caso similar por supuesta injuria en contra del presidente Rafael Correa, el periodista Fernando Villavicencio fue sentenciado a 1,8 años de prisión, junto al legislador Cléver Jiménez, y al médico Carlos Figueroa, por haber pedido que se investigue quién ordenó el ataque armado al hospital de la Policía, el 30 de septiembre de 2010.

Una calumnia torpe

Lo que hizo Ochoa en esa entrevista, no fue sino reproducir de forma maliciosa y torpemente deformada, la calumnia matriz creada tiempo atrás por el presidente Rafael Correa, quien en una sabatina acusó a Villavicencio de “llevarse” una indemnización de 482 millones de dólares, sí, dijo (DÓLARES) y él sabe distinguir monedas. Pero, ni fueron 700 mil, peor aún 482 millones de dólares, una cifra con la qué, Villavicencio tranquilamente podía pagar la concesión de la banda 4G ($ 330 millones) y con el resto comprarse los grandes medios de comunicación del Ecuador, y aparecer en Forbes, condeándose con Bill Gates y Carlos Slim. En honor a la verdad, fueron apenas 17 mil dólares lo recibido de Petroecuador, una cifra equivalente a dos remuneraciones mensuales de Correa u Ochoa.

La realidad difiere radicalmente de la temeridad discursiva. En efecto, en octubre del año 1999, el presidente Jamil Mahuad, dispuso el despido de Petroecuador de Fernando Villavicencio, quien era un crítico de la política petrolera del régimen, y se había opuesto a la entrega de los campos petroleros Edén Yuturi y Limoncocha a la multinacional Occidental; además, de compartir la agenda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en contra de la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, una política que el gobierno democristiano promovía en ese entonces.

Indemnización por despido intempestivo

Como contempla el código laboral, la empresa petrolera depositó en el Ministerio del Trabajo, un cheque por 482 millones de sucres (SUCRES). Villavicencio al considerar la acción como una retaliación política, no cobró ese momento la indemnización que por ley le correspondía, sino que, a través de su abogado, Julio César Trujillo, presentó un recurso de amparo exigiendo su reingreso a la empresa. A la fecha del despido (Octubre de 1999) la cifra de 482 millones de sucres era equivalente a unos 100 mil dólares aproximadamente, según la paridad cambiaria de la época (4 mil sucres por dólar).

El 21 de enero de 2000, una revuelta civil – militar -en la cual Villavicencio tuvo un protagonismo importante- provocó el derrocamiento de Mahuad. Días antes (9 de enero) el Mandatario impuso la dolarización en el Ecuador, con una relación de 25 mil sucres por 1 dólar.

Casi un año después, a finales de 2000, el Tribunal Constitucional, rechazó el recurso de amparo. Entonces, sin tener ninguna opción de retorno a Petroecuador, Villavicencio retiró el cheque de 482 millones de sucres. En un sistema ya dolarizado, la conversión de 482 millones de sucres a dólares, con un dólar de 25 mil sucres, representó la cifra de 17 mil dólares, descontando un impuesto por cheques que se pagaba en esa época. Esta es la verdad.

Si el Presidente de la República y el Superintendente de Comunicación, hubiesen meditado, repasado las operaciones básicas de las matemáticas, no se habrían expuesto de una forma infeliz, como lo hicieron, a dañar la honra ajena, y a las consecuencias penales que les espera, cuando se recupere la justicia. Es tan grande el odio que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo para mancillar la dignidad y volver a alguien millonario, calumniosamente millonario y perseguirlo sin piedad.

Mahuad y Correa

Con las cenizas de Jamil Mahuad, Rafael Correa construyó su imagen de opositor, pero mucho de ese polvo hoy lo está sepultando. El gobierno democristiano de Jamil Mahuad, es señalado como un régimen neoliberal, responsable del “feriado bancario”, una de las mayores tragedias económicas y sociales del país. Sin embargo, para ese gobierno trabajó en 1999 el primo de Rafael Correa Delgado, Pedro Delgado Campaña, en calidad de gerente de riesgos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), desde donde redactó el decreto 1492 con el que la CFN entregó a los bancos quebrados 1178 millones de dólares, a cambio de papeles sin valor, conocidos como CDRs (Certificados de Depósitos Reprogramados).

Sí, hablamos del mismo Jamil Mahuad, a quien Rafael Correa en su primera campaña electoral de 2006 lo demandó por el feriado bancario –crimen de Lesa Humanidad dijo- aunque después ya como Presidente de la República, jamás presentó un solo escrito en el juicio, y dejó que este se archive en 2012 por abandono, pese a haber recibido en mayo de 2007, del gerente de la CFN, Eduardo Valencia, el informe del llamado “salvataje bancario” generado por el cuestionado decreto 1492 redactado por Pedro Delgado y firmado por Jamil Mahuad, y sus ministros Juan Falconí Puig y Javier Espinosa.

Falconí Puig fue quien asesoró al gobierno de Correa el 2008 para la incautación de las empresas de la familia Isaías, en particular de los medios de comunicación, el principal soporte mediático del régimen. Posteriormente, Falconí fue designado por Rafael Correa, como su embajador en el Reino Unido, cargo que lo ostenta hasta la fecha.

En noviembre de 2009, Villavicencio solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una confesión judicial como diligencia previa para querellarse penalmente contra el Primer Mandatario. Correa debía contestar 12 preguntas relacionadas a sus enlaces ciudadanos de los sábados, en los cuales había acusado a Villavicencio de llevarse millones de dólares de Petroecuador y de ser el responsable de la quiebra de la empresa. Han pasado 6 años de presentada la petición de confesión judicial y hasta la fecha el presidente de la CNJ, ha dado paso al referido recurso.

¿Procederá elevar una denuncia ante el Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa, para que exija al periodista Carlos Ochoa, disculpas públicas a Fernando Villavicencio, así como se sancione pecuniariamente al canal incautado Gamatv. Y de ser el caso, la Supercom remita a la Fiscalía el expediente para el debido juicio penal en contra de Ochoa, por injuria calumniosa, y a Gamatv por responsabilidad coadyuvante?